SANTO DOMINGO.- Un grupo de abogados notarios presentan querella ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra los directivos del Colegio Dominicano de Notarios, por alegada malversación de 65 millones de pesos desde enero del 2011 a marzo del 2013.
Informó el Licenciado Nicolás Familia de los Santos, que interpuso la querella a petición del grupo de notarios organizados en el movimiento Unidos por la Igualdad Notarial que encabeza el doctor Teófilo Rosario Martínez y la Fundación Pro Bono RD, Inc., institución que representa los intereses difusos del notariado dominicano.
La instancia está dirigida contra los integrantes del Consejo Directivo del Colegio Dominicano de Notarios, por la supuesta distracción material de más de 65 millones de pesos correspondientes al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Notario Dominicano, por parte de Rodolfo Herminio Pérez Mota y Pedro Rodríguez Montero.
Además, agregó el jurista que la querella incluye como supuestos coautores a los también directivos Adalgiza María Tejada De Aza, Rhina Asencio, José Avelino Bautista García, Fabiola María Cabrera González, Belkys Irene Reynoso Piña, Manuela Cesarina Guzmán Valerio, Mireya Roque, Ursina Altagracia Anico Guzmán, Laura Elena Sánchez Jiménez, Nelson Rudys Castillo Ogando, Ivette Algarroba y Albery Bueno, imputados de los delitos de abuso de confianza y estafa; a los integrantes de la Comisión Nacional Electoral, José del Carmen Mora Terrero, Juan Moreno Gautreau y Manuel Pérez Cestero y el mensajero de la corporación José Leocadio Viloria, imputados del delito de complicidad.
Asimismo, en torno a una auditoría solicitada por el Dr. Rodolfo Pérez Mota a la Cámara de Cuentas, aclaró el licenciado Familia que la instancia depositada no se circunscribe al mal manejo de los recursos del gremio notarial, sino, en que han sido sustraídos fraudulentamente los fondos de pensiones, por lo que el imputado Pérez Mota lo que ha debido es decir donde están esos recursos, ya que la investigación fue realizada a partir de los informes financieros que ellos mismos entregan a la Suprema Corte de Justicia y demás informes oficiales, y por tanto, afirma que “afortunadamente una auditoria no será necesaria y nada aportaría en este caso”.
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