El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, rechazó hoy una comunicación enviada por la comisión mediadora que busca una salida a la crisis que afecta a esa organización.
Por lo que en otra misiva, Vargas Maldonado, se aferra a la institucionalidad que dictan los estatutos del partido, por lo que sostuvo que cualquier negociación debe estar amparada en el mandato de la mayoría que decidió quienes eran sus autoridades en la vigésima sexta Convención Nacional de esa entidad partidaria y en las decisiones del Tribunal Superior Electoral (TSE).
A continuación la respuesta completa
24 de septiembre, 2012
Compañeros
Peggy Cabral,
Leonel Cabrera,
Nelson Espinal Báez,
Eligio Jáquez,
Siquió NG de la Rosa,
Ángel de la Cruz
Willian Jana:
Distinguidos compañeros:
Me refiero cortésmente a su reciente comunicación, en la que exponen varias propuestas que entienden ustedes pudieran contribuir a superar la situación de crisis en que se encuentra sumido nuestro partido desde hace varios meses.
Aunque considero bien inspiradas esas propuestas, es mi deber precisarles que el curso de la vida institucional del PRD está debidamente pautado por sus Estatutos y por las resoluciones y disposiciones de sus organismos legalmente constituidos.
Es por ello que las propuestas planteadas por ustedes tienen que materializarse como parte de la agenda institucional, para lo cual es indispensable corregir la situación anómala creada por el intento de golpe a su institucionalidad y otras acciones de un grupo de dirigentes que se mantienen en actitud de insubordinación frente a la autoridad legítimamente constituida del partido.
Entre otras acciones ese grupo de dirigentes ha hecho convocatorias ilegales de altos organismos y tratado de atribuirse sus facultades, usurpado la personería jurídica del partido, intentado suplantar la autoridad y las prerrogativas que le atribuyen los Estatutos al Presidente, y se mantienen fomentando el grupismo, la anarquía y el irrespeto.
En el extremo de esas acciones reñidas con la normativa y la convivencia partidarias, pretenden mantener en la Cámara de Diputados una directiva paralela a la elegida democrática e institucionalmente por la mayoría de los diputados perredeístas.
La conducta y las acciones de ese grupo insubordinado pretende, en resumen, desconocer el mandato institucional de la Convención Nacional Ordinaria, máxima autoridad del PRD, y despreciar la voluntad plebiscitaria de nuestra militancia, verificada en el marco de la XXVII Convención Nacional, y vulnerar, además, la regla de oro de la democracia, de que la minoría debe acatar las decisiones de la mayoría.
Todo ese mal proceder pretende violentar los cimientos mismos de la legitimidad democrática y el principio de autoridad de nuestro partido, inequívocamente consagrados en el artículo 19 de los Estatutos Generales, que dispone: “la soberanía del partido reside en su militancia y se ejerce a través de los organismos”.
Violenta y desconoce además una sentencia del Tribunal Superior Electoral que calificó sus acciones como ilegales y ratificó el carácter legítimo de las autoridades del partido, encabezadas por su Presidente.
Pese a todas esas acciones reñidas con la normativa y la convivencia partidaria por parte del sector insubordinado, nos hemos mantenido haciéndoles reiterados llamados privados y públicos, de manera particular y colectiva, al retorno a la institucionalidad y la unidad partidaria.
La unidad y la convivencia democrática no pueden ser en el PRD simples poses de ocasión sino hechos y conducta de cara al sol, coherentes con el respeto mutuo y el acatamiento de la disciplina y los Estatutos.
Es en ese espíritu que nos mantenemos cumpliendo rigurosamente nuestro rol institucional como presidente del partido, trabajando para que el PRD continúe creciendo, fortaleciéndose y cumpla exitosamente los desafíos que tiene por delante de mantenerse haciendo una oposición firme, responsable y preparándose para ganar más alcaldías y curules en el Congreso y la Presidencia de la República en las elecciones de 2016, para gobernar en beneficio del pueblo.
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