La restricción que dictaminó el Gobierno mediante el decreto 309-06, que buscaba reducir la delincuencia y los homicidios con armas de fuego, trajo como consecuencia que se disparara el contrabando y se elevara el precio de venta de estos artefactos a nivel local.
Además, el objetivo primario no ha sido efectivo. Las estimaciones de las autoridades señalan que 60% de los homicidios incluyen un arma de fuego.
Según datos de la Procuraduría, para 2005, cuando no estaba la prohibición de importación, se registraron 1,774 homicidios con armas de fuego bajando a 1,586 para 2006 -cuando entró el decreto-. Sin embargo, para el año 2010 ya eran 1,726 los homicidios y en 2011 se redujo a 1,718, una disminución poco significativa desde 2005.
El tráfico encuentra en los delincuentes a sus mejores clientes, a quienes las autoridades les confiscan arsenales de armas largas y cortas en muchos de los operativos que realizan con regularidad, encontrando también pertrechos robados, inclusive, a militares y policías.
En sólo 90 días del año 2011, la Policía incautó 3 mil armas que se presumen fueron introducidas desde Haití. Así como eran en cantidad eran en variedad: pistolas Carandai, FEG, Hi Power, Glock, Smith and Wesson, Tanfoglio y Prieto Beretta, casi todas 9 milímetros, y escopetas Remington, Mossberg calibre 12 y una que otra arma de fabricación casera.
El sector de negocios de armerías, así como las empresas de seguridad privada que deben abastacerse de armas y balas, atribuyen con ciertas reservas que el contrabando lo patrocinan personas de "cierto poder".
En el año 2010, las autoridades desmantelaron una banda que introducía armas de fuego apoyada por funcionarios de la Dirección General de Aduanas, asignados a las oficinas de Santiago.
"Ese tráfico ilegal es el resultado de nuestro estrangulamiento como sector en esos años y que abrió puertas a personas oscuras que han hecho negocio ofertando lo que en algunos momentos el sector legal no podía suplir. Somos creyentes de que las prohibiciones sin razón dan pie a la ilegalidad, como ha sido en este caso", dice el presidente de la Asociación de Armerías, Ernesto Montás Camasta.
Aunque desde el año 2008 el gobierno permitió la importación de escopetas y cápsulas, la prohibición existente contribuyó a la salida de operación de 20 de las 52 compañías de venta de armas organizadas que había en el país, quedando muchos clientes a merced del mercado informal que vende las armas que buscan -en especial las cortas-, pero a un precio elevado.
El teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea Dominicana, Cirilo Linares Domínguez, quien es instructor del polígono de tiro de la empresa Dominican Watchman, recuerda que una caja de balas para pistolas 9 milímetros costaba RD$200 y ahora está a RD$1,500; una pistola 9 milímetros de la marca Carandai, antes se podía encontrar hasta en RD$35 mil, y después de la prohibición su precio se disparó a RD$125 mil.
Linares agrega que un revólver Smith and Wesson calibre 38 podía encontrarse entre RD$9 mil y RD$15 mil, y hoy día está hasta a RD$70 mil. Respecto a las escopetas, una Maverick calibre 12 pasó de RD$20 mil a RD$40 mil.
El saliente presidente de la Asociación de Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), Bismarck Tavárez, sostiene que ante la carencia de armas en venta legalmente deben comprar armas viejas, de segundo uso, o repararlas, para que los vigilantes privados presten servicio.
Entre quiebra y fraude
"De manera directa quedaron desempleadas 80 personas, esto sin contar el perjuicio económico como empresa a los dueños por la pérdida de representación de marcas y mercancías en puertos extranjeros desde el año 2006 a la fecha, sin poder embarcarlas", dice Montás Camasta, al referirse al impacto económico de la quiebra de negocios de armerías.
No obstante, el mercado informal también ha penetrado este tipo de comercios. En agosto de 2010, el Ministerio de Interior y Policía suspendió por un año las operaciones de una de estas empresas, y prohibió las importaciones de armas y municiones a otra, por violar artículos de la Ley 36. Entre las explicaciones ofrecidas estuvo que se comprobó la compra de 60 cajas de cápsulas calibre 9 milímetros, sin los documentos correspondientes para hacer esa venta de manera legal.
Las autoridades también tuvieron que aumentar las exigencias luego que se detectara que algunas armerías emitían certificaciones de compra a personas que querían conseguir una licencia para un arma adquirida irregularmente, teniendo Interior y Policía que hacer énfasis en la exigencia de un registro de los artefactos que importan estos negocios.
¿Alguna solución?
Las asociaciones Dominicana de Empresas de Seguridad y de Armerías entienden que la salida es derogar la suspensión de las importaciones. "Fue una medida errónea de la que no se ha obtenido ningún resultado, y se ha demostrado que el auge de la delincuencia se debe al incremento del micro y macro tráfico de drogas que ha sido dado como consecuencia de la falta de oportunidades de trabajo y de educación de los sectores marginados de la población dominicana", afirma Montás Camasta.
Inclusive, esa falta de oportunidades como causa de la delincuencia fue manifestada por los funcionarios del gobierno durante la reciente presentación del Plan de Seguridad Ciudadana.
¿Qué hace el gobierno?
Una de las misiones de las Fuerzas Armadas dominicanas es enfrentar el tráfico de armas, sin embargo, esta batalla se mantiene.
El 21 de abril de 2012, el Gobierno dominicano recibió del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, una máquina para marcar las armas que entren al país. La intención es reducir las ilegales y el contrabando en la región del Caribe.
El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, anunció que se pondrá en marcha su uso en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana. Aún más, detalló que como parte de ese Plan, se implementará un nuevo Sistema Nacional de Control de Armas (Sisna), que constará de una plataforma tecnológica para tener un mejor control sobre el porte, tenencia, comercio de armas de fuego, municiones y artículos relacionados.
Hasta el 14 de marzo de este año 2013, Interior y Policía tenía registradas 195,176 armas en manos de civiles y 13,264 para vigilantes privados, siendo el 76.38% pistolas.
En materia legislativa, se conoce en el Congreso un proyecto de "Ley para el control y regulación de armas de fuego, municiones, explosivos, armas blancas y otros materiales relacionados", que busca derogar el decreto 309-06 para que sea esa legislación que regule el tema de las armas y todo lo que le atañe.
"Sería una ley mucho más drástica y mucho más exigente que disminuiría el contrabando totalmente, porque si hay una persona que puede presentar justificación para tener un arma la va a querer legal", asegura el diputado Ito Bisonó, quien explica que la pieza está ahora en el Senado donde se le harían algunas modificaciones.
Para 2011, cuando el gobierno del presidente Leonel Fernández, el ministro de Interior y Policía informó a la prensa que esa cartera analizaba con las instituciones encargadas los pros y los contra de la importación de armas de fuego para hacerle una sugerencia al mandatario sobre si continuar con la prohibición o abrir "un poco" con el cumplimiento de ciertas restricciones.
Ahora, el propio ministro de las Fuerzas Armadas, almirante Sigfrido Pared Pérez, informó a DL que le comentó al presidente Danilo Medina la pertinencia de levantar la prohibición de importación, ya que ha fomentado el robo de armas, inclusive a militares, muriendo unos 150 a mano de delincuentes para sustraerles su arma de reglamento.
