"Acusados"
Años de investigaciones culminaron este martes con una trascendental sentencia para la justicia de Guatemala en el intento por resolver casos de la guerra civil que padeció esa nación centroamericana.
Cuatro exintegrantes del grupo élite Kaibil del Ejército guatemalteco -Daniel Martínez, Manuel Pop, Reyes Collin y Carlos Carías- recibieron una condena de 6.060 años (30 por cada víctima) por delitos de lesa humanidad en la matanza de 201 campesinos en diciembre de 1982.
El asesinato colectivo ocurrió durante el régimen militar del general Efraín Ríos Montt, en la localidad de Las Dos Erres, un asentamiento en el Departamento del Petén en el norte del país.
La jueza del caso, Patricia Bustamante, afirmó que en el juicio quedó demostrado que los condenados actuaron de forma planificada, con "ensañamiento" y "perversidad".
La sentencia provocó un prologado aplauso en la sala de la Corte Suprema de Justicia, que fue abarrotada por familiares de las víctimas y activistas humanitarios, mientras que los familiares de los exmilitares irrumpieron en llanto, insistieron en la inocencia de los sentenciados y anunciaron que apelarán el fallo.
17 años después
Se trata de los primeros militares en ser sentenciados por abusos de los derechos humanos perpetrados durante la guerra civil que vivió el país entre 1960 y 1996.
En otros incidentes similares ocurridos durante tres décadas de conflicto interno en Guatemala solían estar involucrados grupos paramilitares y no miembros activos de la fuerzas armadas.
Aunque las averiguaciones del caso comenzaron en 1994, los acusados consiguieron retrasar el juicio durante 17 años.
La longitud de las condenas es simbólica, pues sólo deberán cumplir la pena máxima de 50 años de cárcel cada uno, como dicta el Código Penal guatemalteco.
A eso deberán sumarse otros 30 años por el delito de incumplimiento de deberes contra la humanidad, lo que suma un total de 80 años de condena efectiva para cada uno de los exmilitares.
Masacre
La de Las Dos Erres es una de las 669 masacres documentadas en el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico que se publicó en 1999, como parte de los acuerdos de paz con los que se puso fin a la confrontación interna.
"Familiares de víctimas"
Edgar Pérez, el abogado que representa a las víctimas de la masacre, señaló en 2010 a BBC Mundo que el caso constituye un hecho emblemático de la política contrainsurgente que se implantó en el país en los años 80.
Según él, la masacre comenzó tras la emboscada a una patrulla del ejército cerca de la población.
"Como consecuencia el ejército realizó un operativo militar y acabó con toda la comunidad. Mataron a mujeres, hombres y niños. Se utilizó un pozo que estaba en construcción como fosa común para enterrar a no menos de 162 víctimas", explicó Pérez entonces.
El caso comenzó a ser investigado en 1994, pero su tramitación fue lenta, al punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó al Estado guatemalteco en 2008 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de avances en el proceso.
En cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana, la Corte Suprema de Guatemala ordenó el 8 de febrero de 2010 continuar con la investigación de la masacre, que finaliza con esta histórica condena.
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